Una de las mayores cambios a los que estamos asistiendo tanto en los entornos educativos como en la sociedad en general es la progresiva e imparable expansión del software y el conocimiento libres como un nuevo modelo tecnológico y cultural de desarrollo personal y social, a pesar de las dificultades y trabas que se ponen desde las multinacionales y las administraciones que las apoyan o dependen de ellas.

Si en otros siglos se evidenció la necesidad de la educación, la cultura o la sanidad como elementos a los que cualquier ser humano debería tener acceso libre y gratuito porque constituyen factores esenciales en su vida (y no sólo la alimentación o la vivienda), en este comienzo de siglo ya parece incuestionable que la información y la comunicación deberían entenderse como servicios y como derechos a los que cualquier persona debería poder acceder para alcanzar mejores niveles de bienestar y para permitir a los grupos humanos un mejor desarrollo.

Como dice María Paula Saffon en “El derecho a la comunicación: un derecho emergente”:

“Finalmente, el derecho a la comunicación implica, en realidad, una transformación de la mirada liberal e individualista en la que hasta el momento se han basado los derechos a la libertad de prensa y a la información, hacia una mirada fundada en la necesidad de garantizar equitativamente a todas las personas la posibilidad de acceder a y de producir información y conocimiento, como medio para la materialización de valores democráticos esenciales. Desde esta nueva perspectiva, el ejercicio del derecho a la comunicación no puede depender de las capacidades materiales de los sujetos para acceder a o producir la información, y su protección no puede estar subordinada a las tendencias del mercado. Como tal, las obligaciones estatales en materia del derecho a la comunicación pueden implicar erogaciones económicas importantes.”

Y en la misma línea incide Montserrat Boix cuando nos cuenta en su artículo “Comunicación y educación para la ciudadanía”:

“Cada vez hay más voces en todo el mundo que reclaman el reconocimiento del derecho a la comunicación como un derecho humano básico. El derecho a la comunicación reconoce no sólo el derecho de cada persona a acceder a la información sino a producirla y emitirla. Mientras se avanza en el desarrollo del marco teórico y en la negociación de su reconocimiento internacional, lo cierto es que las nuevas tecnologías facilitan el que la práctica de este derecho fundamental para el ejercicio de la ciudadanía esté ya en nuestras manos. La educación para la ciudadanía puede ser un contexto inmejorable para empezar a ejercitarlo y el papel del profesorado como mediador en comunicación resulta fundamental . En la nueva Sociedad de la Información que se está conformando, la información es uno de los bienes públicos de mayor importancia. Tener información, en estos momentos resulta ya vital para garantizar el acceso a numerosos bienes y servicios, para acceder al conocimiento o para participar en la toma de decisiones. La información ya no puede ser considerada como una mera mercancía sino como un servicio público y como un bien cuyo acceso debería estar garantizado para toda la población. Con el trabajo en el aula, podemos contribuir a lograrlo.”

Para garantizar ese derecho no sirve cualquier modelo económico y tecnológico ya que si utilizamos modelos basados en una economía de mercado que prioriza los beneficios económicos por encima de las personas dejaremos a una gran parte de la humanidad sin el acceso a esos recursos ampliando la brecha digital. Para que el cambio sea posible y se pueda garantizar ese derecho es necesario utilizar y difundir desde la educación y desde la administración un modelo abierto, libre y gratuito tanto en la tecnología como en el conocimiento, invirtiendo el modelo de difusión de la información y de los conocimientos de la humanidad que nos están imponiendo en los últimos años.

Pero, cuando hablamos de software libre, ¿de qué estamos hablando? Desde el punto de vista de la FSF (la ’Free Software Foundation’) el software sería "libre" si garantizara las siguientes libertades:

- Libertad 1: la libertad de usar el programa, con cualquier propósito
- Libertad 2: la libertad de estudiar cómo funciona el programa, y adaptarlo a tus necesidades.
- Libertad 3: la libertad de distribuir copias, con lo que puedes ayudar a otras personas.
- Libertad 4: la libertad de mejorar el programa y hacer públicas las mejoras a los demás, de modo que toda la comunidad se beneficie.

Con este modelo tecnológico las aplicaciones digitales se consideran herramientas abiertas y su código debería estar a disposición de toda la comunidad internacional tanto para conocerlo y saber que hacen exactamente como para añadir mejoras o corregir sus problemas. Son herramientas que deberían poder copiarse libre y legalmente con lo que se pondrían al alcance de todas las personas y no sólo de las que más tienen y las pueden pagar. O sea, lo legal sería compartir el software y el conocimiento y no apropiarse de él para enriquecerse, como debería ocurrir con la educación y la sanidad.

Dentro de ese modelo se parte de que todas las personas somos importantes y valiosas y todas podemos aportar en el desarrollo del conocimiento y de la tecnología formándose comunidades de apoyo, soporte y difusión de estas tecnologías ya que todas nos podemos beneficiar de participar en ese desarrollo, fomentándose así la cooperación y la solidaridad como valores a priorizar.

Además, el software libre facilita la investigación y la cooperación universitaria y empresarial lo que, sin duda, repercute significativamente en los logros que pueden alcanzarse en estos sectores facilitando a su vez el control y la independencia tecnológica frente a multinacionales que sólo miran por sus intereses y a otros gobiernos.

Teniendo en cuenta estas premisas y entendiendo la educación como un ámbito humano destinado a facilitar y mejorar el desarrollo personal y de la propia sociedad, es en ese contexto educativo donde cobran todavía más sentido los planteamientos del movimiento del conocimiento y del software libre.

Aunque entiendo que son más importantes las razones que inciden en el desarrollo de las personas y de los grupos humanos que las razones economicistas, también hay razones económicas que aconsejan la implantación del software libre en la educación y en la administración pues su coste en licencias se reduce a cero y se puede distribuir a toda la población sin que constituya delito. O, simplemente el hecho de que es la mejor barrera frente a virus y software malicioso hacen urgente y necesario avanzar en esa dirección tanto desde las administraciones educativas como en el día a día del aula.

Por todo ello me parece fundamental en cualquier sociedad que quiera avanzar hacia un futuro con mayores niveles de desarrollo educativo, cultural y empresarial la adopción, el fomento y el soporte del software libre como pasos imprescindibles hacia ese futuro.

Publicado en: edulibre.info el Viernes 2 de enero de 2009, por José Luis Murillo